Para empezar, debemos tratar de definir lo que jurídicamente es un proyecto de obra, para que a partir de ésta definición se construya el planteamiento del problema y las diversas aristas que genera la solución del mismo.
La real academia de la lengua define al proyecto como:
“4. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.”
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas el proyecto se define y divide en:
“Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
- Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;
- Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;
- Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿QUE SUCEDE CUANDO EL PROYECTO ENTREGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA ES ERRONEO O DEFICIENTE?
En principio debemos dejar muy claro que es OBLIGACION de las entidades contratantes INICIAR la ejecución de una obra siempre y cuando tengan un proyecto completo:
Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas. “Las dependencias y entidades sólo iniciarán la ejecución de obras o servicios, ya sea por administración directa o por contrato, cuando:
- Cuenten, dependiendo del tipo de contrato, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería; las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de obra total y, en su caso, para cada ejercicio presupuestario; el programa de ejecución convenido, los programas de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalación permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los contratistas. Tratándose de servicios se deberá contar con los términos de referencia; los programas de prestación de servicios; la plantilla y organigrama del personal, y el presupuesto de los trabajos;”
La obligación citada con antelación es una obligación que carece de sanción, pues el precepto legal que la impone no contempla que sucede en caso de incumplimiento, esto es, en caso de que las obras se inicien sin los proyectos señalados. Ante esta laguna de la ley se han presentado diversos argumentos ante las instancias conciliadoras y judiciales:
- Que el contrato es anulable puesto que para adjudicarlo carecía de un elemento sustancial para lograr su objeto.
- Que el contrato puede y/o debe rescindirse por causa imputable a la contratante (incumplimiento de tener un proyecto completo)
- Que el contrato puede y/o debe cumplirse forzosamente obligando a la contratante a corregir el proyecto y reconocer la afectación en tiempo y costo.
Lo cierto es que la solución del problema es de fondo, pues debemos partir de la idea de que no existe proyecto perfecto, sino perfectible, es decir capaz de perfeccionarse o de ser perfeccionado. Mientras más compleja sea la obra más lo será el proyecto, de tal manera que la solución de fondo a las controversias que de ello deriven, está en la medida de que el legislador otorgue a las partes contratantes el poder para perfeccionar el proyecto ejecutivo en campo diariamente, sin que sea necesario corregir todas las deficiencias y/o errores hasta la celebración de un convenio modificatorio. Esto es, que en el sitio de los trabajos y diariamente las partes puedan libremente y sin temor hacer las adecuaciones y/o cambios necesarios para lograr el objeto del contrato en el tiempo y/o costo originalmente pactados, siendo que, si la obra requiere cambios sustanciales, adecuaciones y/o modificaciones sustanciales se haga un convenio adicional que funde y motive las mismas.
Ahora bien mientras esta solución no llegue, en los hechos estaremos ventilando una gran cantidad de litigios por esta causa y el panorama no es alentador para la contratista pues la decisión judicial ha sido injustamente unánime al resolver que si en el contrato el contratista declara “conocer y haber estudiado el proyecto” y por tanto con posterioridad a ello aduce errores y deficiencias durante su ejecución esto no es legalmente válido (aunque este demostrado con diversos medios probatorios) puesto que si conocía el proyecto y lo había estudiado no puede después quejarse de que contenía errores y deficiencias que impactan el tiempo y costo de la obra.
No obstante, esta decisión no es definitiva, pues no hay pronunciamiento al respecto de algún Tribunal Colegiado o la Corte misma, de tal manera que seguiremos combatiendo con argumentos y pruebas solidas que la existencia de un proyecto deficiente y/o erróneo es un hecho muy común y recurrente que afecta a muchas obras públicas y que por consiguiente por esta causa se seguirán presentando un sinnúmero de litigios y/o conciliaciones.
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